El juez suspende el testimonio de Ana Botín en el ‘Caso popular’, programado para el 28 de mayo

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El juez del Tribunal Nacional, José Luis Calama, suspendió la declaración como testigo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el caso que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017.

La convocatoria de Botín estaba programada para el próximo 28 de mayo, pero el 14, el jefe del Tribunal Central de Instrucción número 4 la suspendió, sin una nueva fecha, debido a la parálisis de la actividad judicial debido a la pandemia de coronavirus, según Legal fuentes han informado a Europa Press.

Pocos días después de la aparición de Botín, el 4 de junio, se citó al ex presidente del Banco Santander España, Rodrigo Echenique, aunque el magistrado también decidió suspenderlo, según las fuentes consultadas.

Las instrucciones en el caso del Banco Popular habían entrado en la fase de testigo cuando entró en vigencia el estado de alarma de la pandemia. Así, justo un día antes de que se aprobara el decreto, y ante las alertas sanitarias del covid-19, Calama suspendió sin una nueva fecha las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella y el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex ministro de Economía, Luis de Guindos.

La primera fue citada el 18 de marzo y la segunda el 2 de abril. Casi dos meses después del primer decreto, y dado que los plazos procesales continúan suspendidos y la actividad judicial es muy limitada, el instructor también ha decidido posponer las apariciones de Botín y Echenique ‘sine die’.

Botín fue citado porque Santander fue la entidad que compró Popular por un euro después de la resolución del banco, después de lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que terminaron en el Tribunal Nacional.

El juez Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en 2016, con un aumento de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a la prensa un año después que habrían causado la resolución a mediados de 2017.

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