Esta es la Ley de Cambio Climático para una España neutral en carbono en 2050, aprobada hoy por el Consejo de Ministros

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El Gobierno quiere lograr la neutralidad climática en España desde ahora hasta 2050, una fecha en la que el sistema eléctrico también tendrá que ser 100% renovable, para lo cual se tomarán medidas intermedias, como reducir las emisiones de dióxido de carbono. (CO2) del 20% en comparación con 1990, como se indica en el proyecto de ley del gobierno sobre cambio climático, que obtendrá la aprobación del Consejo de Ministros el martes para su remisión como proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

La ministra de Transición Ecológica y Desafío Demográfico, Teresa Ribera, dijo el lunes durante su aparición en el Senado que está convencida de que sus “colegas” en el Ejecutivo apreciarán la propuesta.

El texto incluye 36 artículos distribuido en nueve títulos e incorpora las contribuciones del proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019, para que España cumpla con el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo a través de las señales apropiadas para modernizar el economía.

Para lograr la neutralidad climática en 2050, se establece que en 2030 Las emisiones de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% en comparación con 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la Comisión Europea, que, en su conjunto, ha propuesto reducir las emisiones en un 50 a 55 por ciento en comparación con 1990

El primer PNIEC (2021-2030) buscará reducir las emisiones en un 23% en comparación con 1990 a fines de esta década.

Además, para 2030, al menos el 35% del consumo final de energía tendrá que ser origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, establece que la presencia renovable en 2030 deberá ser “al menos” del 70%. Para 2050, el 100% del sistema eléctrico debería ser de origen renovable y el consumo de energía primaria debería ser un 35% menor.

Para lograr los objetivos propuestos, se implementarán sucesivos planes nacionales de energía y clima (PNIEC). Precisamente, el primero de ellos, que marca el camino entre 2021 y 2030 -remitido a la Comisión Europea el 31 de marzo-, propone una trayectoria que reducirá las emisiones en un 23% en comparación con 1990 al final de esta década y duplicará el porcentaje de energías renovables en consumo final hasta 42%.

En este sentido, la presencia de energía limpia en el sistema eléctrico alcanzará el 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Atraerá más de 200,000 millones de euros de inversión en 10 años y generará entre 250,000 y 350,000 empleos netos por año

Según los modelos del Gobierno, para el período 2021-2030, prevé que la transición ecológica atraerá más de 200,000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250,000 y 350,000 empleos netos por año.

El proyecto preliminar contempla que la movilización de inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de energías renovables significarán que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá alrededor del 1.8 por ciento en 2030 en comparación con el mismo escenario sin medidas PNIEC, esto es, de 16,500 a 25.700 millones de euros.

Junto con el sucesivo PNIEC, del Ministerio de Transición Ecológica, señalan que los objetivos de la camino de descarbonización y la fijación de la reducción de emisiones de CO2 se especificará en la Estrategia a largo plazo 2050, que también está siendo finalizada por el Ejecutivo.

El texto mantiene la creación de un marco de gobernanza que refuerza la participación al lanzar el Comité de Expertos en Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se incluirán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Entre los plazos establecidos en la propuesta regulatoria, también desde el 31 de diciembre de 2021, las comunidades autónomas deberán informar sus planes de energía y clima a la Comisión para la Coordinación de Políticas de Cambio Climático.

Por lo tanto, las administraciones locales y regionales junto con la Administración General del Estado deben implementar medidas para que la flota de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 sean 0 emisores de CO2. Como paso preliminar, se tomarán medidas para garantizar que Vehículos ligeros -excepto para vehículos históricos o comerciales- reduzca sus emisiones para 2040 para que sean cero gramos de CO2 por kilómetro.

El Ministerio agrega que después de consultar con el sector, se implementarán medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, incluido el apoyo a la I + D + i.

Las zonas de bajas emisiones en las ciudades deben planificarse a más tardar en 2030

Asimismo, en las poblaciones con más de 50,000 habitantes, los Ayuntamientos deben establecer áreas de bajas emisiones “a más tardar para 2023” en su planificación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad y medidas para facilitar la movilidad a pie o por bicicleta, otro medio de transporte activo y mejora del uso del transporte público.

En este sentido, también se compromete a promover la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado. Además, el anteproyecto establece que cualquier medida que deba adoptarse y que implique una regresión de las áreas de bajas emisiones que ya existen debe contar con un informe previo del Ministerio y el organismo autónomo competente en la materia.

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A través de planes específicos, se promoverá el uso de gases renovables, incluyendo biogás, biometano, hidrógeno, y no se espera que autorice nuevos proyectos en combustibles fósiles, mientras que los beneficios fiscales para productos de origen fósil deben justificarse por razones sociales o Interés económico.

El proyecto normativo no prevé la autorización de nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones para la explotación de hidrocarburos o fracturas hidráulicas en toda España.

La ley llevará instrumentos como Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que se encuentra en información pública y también contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y la costa, en las infraestructuras, el uso de la tierra y el uso de la tierra y la seguridad alimentaria.

En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la del desarrollo rural y la silvicultura. El texto introduce medidas para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en los suelos agrícolas y forestales y en las montañas y contempla la preparación de un mapa de vulnerabilidad.

Estudiar el cambio climático

Por otro lado, la ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático en la sociedad, para lo cual revisará el tratamiento de este asunto en el plan de estudios básico de la educación formal y no formal, así como en los planes universitarios y El Catálogo Nacional de Calificación Profesional.

Para Teresa Ribera, el texto coloca la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las administraciones públicas. “Es un proyecto del país, responsable de nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, celebró.

En su opinión, en el momento en que debe abordarse el proceso de recuperación contra COVID-19, la transición energética se convertirá en “un fuerza motriz determinante “para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de manera” coherente “con lo que se necesitará como país a mediano y largo plazo.

“Confiamos en que la transición energética tendrá un impacto positivo en nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden comenzar a materializarse de inmediato”, dijo.

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