La obsesión catalana de Garamendi

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El año fue 2014 y los principales empleadores españoles, el CEOE, se acercaron a una elección que promete ser muy parejo entre los que habían sido presidente de los empleadores desde 2011, el catalán Joan Rosell y el empresario vasco Antonio Garamendi. En ese contexto, los miembros del empleador recibieron un informe incendiario titulado Joan Rosell y el desastre de CEOE. La carta denunció una supuesta “catalanización” del empleador y acusó a Rosell de llevar a cabo un “holocausto” y una “limpieza étnica” en la CEOE desde que fue elegido en 2010 y de tener una “independencia” en el equipo. que la “tibieza” en defensa de la unidad de España. Rosell terminó ganando por 33 votos. Nunca se supo quién había escrito los informes anónimos, que llamaban a Rosell un activista independentista, un término que no encaja en ningún caso, pero siempre hubo sospechas, porque en muchas ocasiones este documento vino con una carta de Garamendi pidiendo el voto.

Nacido en Getxo, Vizcaya, en 1958, este empresario tuvo que esperar hasta 2018 para presidir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. Según él, una de sus obsesiones siempre ha sido fortalecer el papel institucional de los empleadores y distanciar a los empleadores de la imagen del “hombre con correas que fuma cigarros”. Le gusta definirse como un “estadista”.

Después de su derrota en las elecciones de 2014, decidió ser paciente y esperar a que llegara su tiempo y hacerse fuerte en la presidencia del Cepyme. De hecho, desde su juventud, Garamendi estuvo vinculado a organizaciones de empleadores, una representación que siempre ha creído que debería ser remunerada.

Lo demostró cuando se ingresó un salario en el Cepyme, no más de 120,000 euros, lo que indignó a parte de la comunidad empresarial porque este puesto siempre había sido representativo y rara vez había sido remunerado. El entonces jefe de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, un peso pesado de Cepyme, envió una carta a Rosell mostrando su rechazo de una tarea que se había realizado “sin ninguna transparencia”.

Su incorporación al jefe de la CEOE tampoco estuvo exenta de controversia. Para comenzar, se le asignó un salario de 300,000 euros por año (más 50,000 euros de variables), un cambio, nuevamente, con respecto a la política de sus predecesores, especialmente el de Joan Rosell, quien no recibió ninguna remuneración durante su dos términos Pero, además, Garamendi decidió fortalecer el organigrama de la organización e incorporó personas de la órbita del PP, como el ex Secretario de Estado de Economía y Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, e intentó también firmar al ex Ministro de Trabajo del gobierno de Rajoy, Fátima Bañez. Garamendi, de hecho, nunca ha ocultado que donde se sienten más cómodos con el empleador es con “el ala central y el ala derecha de la política”.

Con sus antecedentes, no fue sorprendente cómo Garamendi se defendió la semana pasada de las críticas de algunos empleadores por el acuerdo alcanzado entre el gobierno español y los agentes sociales para extender los ERTO hasta el 30 de junio. Una de estas críticas provino de Foment del Treball, liderado por Josep Sánchez Llibre, a quien Garamendi atacó de la siguiente manera: “Tal vez a un catalán no le gusta, pero un vasco dijo No, y este vasco soy yo, y esto nos ha permitido mejorar mucho un decreto que hacía prácticamente imposible que las empresas sobrevivieran ”. Garamendi no dudó en decir que “él trabaja para su país, que se llama España”, en la respuesta a Sánchez Llibre.

Por “la unidad de España”

Pero la obsesión catalana de Garamendi viene de lejos. En 2014, con la consulta 9-N convocada por Artur Mas, incluso exclamó que “no le habría costado nada a Rosell decir que los empresarios están con la Constitución española, con la unidad de España y con la soberanía del pueblo español” .

Embriagado por la atmósfera que también se respiraba en los ministerios de Rajoy, el Banco de España y las grandes empresas del Ibex-35, un año después regresó, asegurando que en el momento en que saldría una hipotética salida de ‘España, Cataluña Europa, el euro y al día siguiente no tendrían financiación y las pensiones caerían, las empresas cerrarían y habría desempleo. En resumen, esa “independencia sería catastrófica, especialmente para Cataluña”.

En 2017, después del referéndum 1-O y con la avalancha de empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña, impulsada por un decreto del entonces presidente Mariano Rajoy, Garamendi dejó en claro que “la salida de las empresas de Cataluña terminaría pagando con puestos de trabajo “, un pronóstico que no fue satisfecho por la realidad. Según el empresario, “las marcas no se iban de Cataluña, sino que se subcontrataban”.

En octubre de 2019, cuando la soberanía convocó una huelga contra el veredicto del juicio, y con las calles de Barcelona agitadas por las protestas, Garamendi puso más leña, argumentando que muchas personas se detuvieron porque no tenía otra opción, porque “en Cataluña ellos no se les permite trabajar libremente “. Tres días después, estaba a favor del diálogo, aunque añadió un matiz a su carácter: advirtió que, sobre todo, la negociación “existe el estado de derecho”.

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